La Prefectura de Los Ríos mantendrá, con recursos propios y de manera directa, los programas sociales dirigidos a adultos mayores, personas con discapacidad y desarrollo infantil, pese a la decisión del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) de no continuar en 2026 los convenios que se ejecutaban de forma conjunta.
Así lo anunció el prefecto Johnny Terán, quien expresó su profunda indignación ante una medida que deja en incertidumbre a 3 700 personas pertenecientes a grupos vulnerables que venían recibiendo atención integral, permanente y de calidad por parte de equipos técnicos especializados de la Prefectura.
Terán recordó que desde que asumió la administración provincial en 2019, los servicios sociales se han fortalecido de manera sostenida, con mejoras verificables en cobertura, calidad técnica y trato humano. Señaló además que la Prefectura de Los Ríos se consolidó como el cooperante más eficiente del MDH a escala nacional, alcanzando evaluaciones superiores al 95 % en los procesos de seguimiento y control.
“Hemos sido los mejores cooperantes no solo de la provincia, sino del país”, manifestó el Prefecto durante un acto público realizado este fin de semana en el cantón Montalvo.
La autoridad provincial cuestionó con dureza la forma y el momento en que se comunicó la decisión estatal, subrayando que no existió aviso previo ni un proceso ordenado de transición que permitiera proteger a los usuarios de los programas. A su criterio, la medida responde a motivaciones ajenas al interés público y genera un daño directo a quienes menos tienen.
“Lo correcto habría sido comunicarlo con anticipación para desmontar la estructura de manera responsable y entregar toda la información necesaria. No hacerlo así deja a miles de personas en el aire”, expresó.
Frente a este escenario, Terán informó que, tras un análisis técnico, social y financiero, la Prefectura resolvió asumir completamente la continuidad de los programas. Desde el lunes 12 de enero, la atención a los 3 700 usuarios se mantendrá con el 100 % de recursos provinciales y con personal institucional, garantizando que ningún beneficiario quede desprotegido.
“Los usuarios de los proyectos sociales no pueden pagar el costo de decisiones políticas. Los servicios continúan y seguirán llegando a quienes más los necesitan”, enfatizó.
